Morales y Maduro ven con “alarma” posible “golpe de Estado” en Brasil

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Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro, expresaron su preocupación este martes ante lo que consideraron un intento de “golpe de Estado” en contra de su colega brasileña, Dilma Rousseff, y anunciaron que iniciarán un proceso de consultas.

Los gobernantes hablaron del tema durante una reunión bilateral en el pueblo de Tiquipaya, en la región de Cochabamba (centro), donde el lunes ambos asistieron a la clausura de un foro social sobre cambio climático organizado por el Gobierno de Bolivia.

Tras el encuentro de hoy, Maduro señaló que ven “con mucha preocupación y alarma” la situación en Brasil.

“Tanto el presidente Evo Morales como mi persona manifestamos nuestra preocupación y vamos a iniciar un conjunto de consultas porque parece anunciarse en Brasil con una nueva modalidad un golpe de estado contra la presidenta Dilma Rousseff y contra el movimiento popular”, sostuvo el mandatario venezolano.

Ambos se referían a las numerosas solicitudes de juicio político de Rousseff presentadas por partidos opositores y particulares a la Cámara de Diputados, como establece la constitución brasileña.

Hasta ahora ninguna de esas solicitudes ha sido aceptada por el presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, quien alegó que carecían de “fundamentos jurídicos”.

Según Maduro, ha costado mucho “que se levanten los movimientos populares y sean gobiernos del pueblo y para el pueblo” en los países latinoamericanos y ahora “hay una arremetida contra todos los procesos progresistas” en la región.

Agregó que los presidentes del bloque bolivariano ALBA no se quedarán callados “frente a un intento de golpe de Estado en Brasil ni en ningún lugar de América Latina y el Caribe”, sino que se manifestarán “con voz clara y abierta para apoyar al movimiento popular y al pueblo de Brasil”.

Brasil está inmerso en una crisis económica, agravada por grandes escándalos de corrupción como el que afecta a la petrolera estatal Petrobras, en el que las investigaciones implican políticos del oficialismo y fuerzas aliadas, además de funcionarios y empresarios.

En estos días se definirá en la Cámara de Diputados brasileña la posibilidad de enjuiciar a la presidenta Rousseff por unas supuestas maniobras realizadas por su Gobierno para maquillar los resultados fiscales correspondientes a 2014, cuando fue reelegida para el nuevo mandato que comenzó el pasado 1 de enero.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, insiste con que la oposición quiere derrocarla y esta vez afirmó que preparan un “golpe democrático a la paraguaya”, en referencia al fin del gobierno del presidente Fernando Lugo en 2012.

Lo afirmó en su primera reunión de gabinete, según el relato de tres ministros de su gabinete.

Frente a la salida de Lugo, el gobierno de Brasil votó por la suspensión de Paraguay como miembro del Mercosur hasta la celebración de nuevas elecciones.

El tema de las cuentas

El pasado miércoles el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil desaconsejó la aprobación de las cuentas del gobierno en 2014, una decisión sumamente controvertida marcada por las filtraciones interesadas a la prensa del país del juez instructor del caso, Augusto Nardes.

Además, dejó las puertas abiertas a un eventual proceso de impeachment (moción de censura) contra la presidenta Dilma Rousseff.

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Entre las voces más críticas del Partido de los Trabajadores (PT) estuvo la del vicelíder del gobierno en el Congreso Nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Baja, Paulo Pimenta, quien declaró que “la decisión del TCU fue contaminada por los intereses partidarios de la oposición” y recordó que “la defensa de 13.000 páginas presentada por el gobierno apenas tuvo la atención de los miembros del tribunal por 19 minutos”.

En declaraciones a Sputnik Nóvosti, el diputado Pimenta aseguró que “el gobierno de Brasil estará listo para actuar ante cualquier tentativa de golpe” y anticipó que “en el seno del gobierno tenemos certeza que a partir de la semana que viene la oposición intentará sus primeras maniobras en el Congreso Nacional”, aunque aseguró que “no hay nada que temer dado que la opinión del TCU no tiene ningún valor jurídico y cualquier proceso en el Congreso tendrá una duración de al menos 90 días”.

En su opinión, “quienes quieren el impeachment usarán la sentencia del TCU para sus maniobras políticas que pretenden revertir el resultado de las urnas”, y, en este sentido, Pimenta advirtió que el rechazo de los pedidos de impeachment por parte del presidente del Congreso, Eduardo Cunha, “no se trata de que Cunha se esté posicionado contra el impeachment, sino que está mandando de vuelta esas peticiones para que sean corregidas”.

Sobre la reunión que mantuvo Cunha con los líderes de la oposición la misma noche de la decisión del TCU, el diputado valoró que “es evidente el interés de Cunha con el proceso de impeachment, de hecho se está dando prisa en rechazar los pedidos para que les dé tiempo a volver a presentarlos y agilizar el proceso”.

Por último, Pimenta concluyó que tanto la sentencia del TCU, como la reapertura de la investigación en el Tribunal Superior Electoral (TSE) como la selección de los pedidos de impeachment por Eduardo Cunha, “son la prueba más evidente de quienes pretenden rasgar la Constitución de Brasil y alterar el proceso democrático de un país que luchó mucho por sus instituciones”.

Fonte: Tercera Información


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